Luego de tres horas de discusión, con 16 votos a favor del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 12 en contra de Morena, el Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a los 67 municipios de la entidad federativa promover una controversia constitucional contra el dictamen de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
pretendida Ley infringe lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo señalado, según Medina Aguirre, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier medida legislativa. Un factor que, sin embargo, desatendieron las autoridades federales en la elaboración de la reforma.
En su intervención, el legislador alertó que la legislación se llevó a cabo sin implementar éste mecanismo, a pesar de que su redacción actual impacta de manera directa en sus sistemas comunitarios de agua y saneamiento y, como resultado, viola sus derechos fundamentales.
Esta omisión vulnera la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades indígenas del Estado de Chihuahua, particularmente de los pueblos indígenas rarámuri, pima, guarijó y tepehuano, quienes históricamente han gestionado sus derechos conforme a sus usos y costumbres», puntualizó.
El coordinador priísta, asimismo acentuó que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la consiguiente expedición de la Ley General de Aguas centraliza de forma discrecional la administración del recurso hídrico y encarece la producción de los sectores agrícola y ganadero.
En sí el acuerdo busca que las autoridades municipales «promuevan controversia constitucional […] por la omisión de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, así como la violación a su autonomía y su capacidad de proveer servicios públicos de agua potable y saneamiento, un área donde la SCJN ya les ha reconocido interés legítimo en el pasado».
Finalizada la presentación, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena, advirtió que el acuerdo resulta improcedente debido a que la presentación de una controversia requiere de una norma general promulgada y emitida —condiciones inexistentes hasta la fecha.
Estrada Sotelo presentó una moción para bajar el exhorto y proceder a la discusión tanto de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas. Sin embargo, fue desechada con 12 votos a favor de Morena y 16 en contra del PAN y el PRI.
